Estas páginas están abiertas al debate, a la reflexión y al intercambio. Todas las escrituras son bienvenidas.
En su columna para El Tiempo de hoy, lunes 23 de junio de 2013, Yolanda Reyes escribió:
Estado civil: indefinido
No soy homosexual. Usted dirá, ¿a quién le importa?, y tiene razón: mi orientación sexual es cosa mía, o debería serlo. Pero en Colombia no es así y por eso la discusión sobre la Unión Contractual Solemne nos concierne.
Hace tiempos contraje matrimonio y el fruto de esa unión, como se dice en documentos notariales, son dos hijos. Conformamos una familia protegida por las leyes colombianas y tenemos derecho al régimen legal de salud y de pensiones. Cada vez que debo hacer trámites, diligenciar formularios de migración o celebrar contratos, elijo la casilla de casada, en forma maquinal, sin dedicarle a la elección más del segundo que tardo en escribir la equis. Si las circunstancias lo exigen, declaro que tengo “sociedad conyugal vigente”, lo cual impone restricciones y otorga prerrogativas a mis actos.
Desde su nacimiento, mis hijos han podido acreditar su parentesco en documentos privados y públicos –registro civil, hojas de matrícula, afiliación a la EPS, pasaporte, permisos de salida del país y solicitud de visas, entre otros–. Y cuando sus padres se divorcien o mueran, eventos que suman una probabilidad del cien por ciento, la ley protegerá los derechos derivados de la relación que tienen ellos con nosotros. Si hubiera alguna propiedad, regalía o cuenta por cobrar, no importará si tuvimos tiempo de dejar un testamento, pues existe un régimen de sucesiones. Y si decidiéramos terminar la relación y conseguir otras parejas, también están previstas las formas legales de separar nuestros bienes y dirimir nuestros conflictos.
En mi condición de heterosexual, mi deseo y la ley están armonizados. No me esforcé por hacerlos coincidir en un marco legal que amparara mi opción de conformar una familia ni tengo mérito alguno para ser titular de derechos especiales, en virtud del ejercicio de mi sexualidad. ¿Qué pasa, en cambio, con las miles de personas colombianas que se sintieron atraídas, se enamoraron, se comprometieron y viven, o quieren vivir, o no saben aún si intentarán constituir una familia con alguien de su sexo?
Como ciudadanos de una democracia que predica la igualdad, no podemos aceptar que la decisión de comparecer ante una autoridad civil para legalizar una unión sea tratada de formas diferentes, dependiendo de la condición sexual de quienes celebran el contrato, porque esa solución es otra forma de discriminación y nos afecta a todos, en tanto que crea diferencias jurídicas, sociales y simbólicas y refuerza los prejuicios relacionados con los tipos de familias. Ese nombre pomposo de Unión Contractual Solemne que los juristas ya han calificado como un contrato “innominado y atípico”, lleno de vacíos, es una leguleyada típica de este país de tinterillos.
Como una forma de hacer lo que debieron haber hecho en el Congreso y con el fin de “hacerle el quiebre” a la sentencia de la Corte Constitucional que ordena “superar el déficit de protección que enfrentan las parejas del mismo sexo”, la solución fue inventar un contrato como nos gusta aquí: al margen de la ley, al margen del lenguaje, para decir que es casi un matrimonio, pero que no es propiamente un matrimonio. Para no desatar las iras del Procurador pero tampoco las del Fiscal, ni ser excomulgados por la iglesia, pero tampoco desterrados de los círculos llamados liberales… y no decir ni sí ni no, sino todo lo contrario.
El lío es que hay miles de familias, aunque algunos rechacen también esa expresión, en un limbo jurídico. Y puede sonar como algo banal no poder marcar con una X el estado civil, pero es mucho más que eso. Estamos hablando de tener la misma dignidad y los mismos derechos ante la sociedad y ante el Estado, pero también de nombrar y de reconocer lo que, durante tanto tiempo, ha permanecido silenciado.
Yolanda Reyes